SANTO DOMINGO.
Organizaciones ambientalistas, solicitaron al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), Miguel Ceara Hatton, investigar la supuesta ilegalidad del expediente la ubicación en el rio Ozama de las barcazas de generación eléctrica ubicadas sobre el río Ozama, propiedad de Seaboard Transcontinental a fin de que disponga su traslado inmediato por el daño que causan a la salud y al medio ambiente.
“El nuevo ministro Miguel Ceara Hatton, viene de los organismos internacionales y sabe que lo principal en un país es la educación y la salud. Estamos seguros que nuestro petitorio lo va a ejecutar, moviendo esas barcazas a cualquier otro lugar, porque ahí no pueden seguir”, dijo Euren Cuevas, director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).
La solicitud, se ampara en el artículo 113, en su párrafo 1 de la Ley 64-00, prohibiendo a MIMARENA y las alcaldías el otorgamiento de permiso a cualquier industria que pueda impactar de manera negativa en la salud de las comunidades.
Planteo la revisión de la decisión que tomó en el 2017, Francisco Domínguez Brito, cuando era ministro de Medio Ambiente, de negar la renovación de licencia a Seaboard Transcontinental y otorgó un plazo para remover la única barcaza que tenía entonces, la Estrella de Mar II.
Consideró, que debe revisarse la resolución 0022-2021, que modificó la licencia ambiental 0003-01, renovada el 30 de marzo de 2020, otorgada a favor de Seaboard para que opere la planta Estrella de Mar III, pero, en sustitución de Estrella de Mar II. Y, sin embargo, la empresa puso a funcionar ambas plantas de manera paralela. Además, esa misma resolución otorgó un plazo de 2 años no renovable para que Estrella de Mar III sea trasladada.
Cuevas, dijo que esos permisos deben estar amparados por un estudio de impacto ambiental y un Programa de Manejo y Adecuación Ambiental. “Estamos completamente seguros que cuando el ministro revise todo eso y se entere de las ilegalidades que hay ahí va a tomar la decisión del traslado definitivo de esas barcazas”.
De su lado, Pablo de la Rosa, de la Central de Trabajadores Unidos (CTU), solicitó investigar los motivos que llevaron a pasados ministros a violar la Laye y, aseguró, que en el actual ministro esta la solución del problema.
“Al igual que el compromiso que hizo el Presidente el mes de octubre del año pasado en el recorrido que realizó. Nosotros confiamos y esperamos que las autoridades actuales cumplan con la ley y el compromiso que hicieron con la nación”, puntualizó.
Las organizaciones, también entregaron al funcionario un estudio del científico Rye Howars, del Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), el cual reveló cómo esas barcazas afectan la salud de los moradores Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita, la Ciudad Colonial, entre otros.
La solicitud la firman, además, el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA); la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama; la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.